Dr Charles Tannock

Member of the European Parliament for London

Derrotar a la insurgencia

El Tiempo (Colombia) - September 29th 2005

Por Francisco Santos Calderón y Charles Tannock

El caos y la violencia en Irak han contribuido a abonar la idea de que no se puede derrotar a las insurgencias, por lo que hay que apaciguarlas.

La experiencia de Colombia muestra que no es así. Una combinación de fuerza militar, incentivos políticos y crecimiento económico que beneficia a la población en general puede ser el comienzo para someter a una insurgencia.

Pese a una tradición democrática que se remonta a 1830, Colombia ha sufrido una sangrienta insurgencia durante cuarenta años de los narcoterroristas de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante los ocho últimos años, esos terroristas han asesinado a miles de personas y han secuestrado a más de 6.000 rehenes, incluidos 140 extranjeros. Con frecuencia mantienen a esos inocentes en condiciones terriblemente inhumanas y sin acceso a la atención sanitaria.

Esa insurgencia criminal no cuenta con el apoyo popular, sino que se abastece con el botín obtenido gracias al comercio de cocaína. Sin embargo, si bien algunas zonas rurales están sometidas a la influencia de la guerrilla y pese a la riqueza que les ha proporcionado el tráfico de drogas, las FARC y el ELN han demostrado ser demasiado débiles e impopulares para representar una amenaza grave encaminada a derribar al Gobierno de Colombia. Lo suyo no es una revolución; es un nihilismo enloquecido por la cocaína.

Dada la criminalidad asesina de esas campañas de las FARC y del ELN, no es de extrañar que surgieran fuerzas siniestras para contrarrestarlas. Unos 13.000 paramilitares, tales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Bloque Central Bolívar, la Alianza Oriente y los Vencedores de Arauca, desafían ahora a los marxistas traficantes de cocaína por el control de zonas rurales. A partir del principio de que se llega a ser lo que se odia, esos grupos paramilitares se han hecho también una parte del lucrativo comercio de drogas.

Sin embargo, pese a las innumerables atrocidades cometidas por los dos bandos, el Gobierno de Colombia –ayudado por los gobiernos de México y de Francia, además de las Naciones Unidas– ha entablado un diálogo con todos esos grupos ilegales en pro de la paz. Desde diciembre del 2002, la mayoría de los paramilitares han respetado un cese del fuego y están manteniendo conversaciones con el Gobierno gracias a la mediación de la Iglesia Católica y con el apoyo y la supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se ha concertado un acuerdo por escrito para desmovilizar a más de diez mil paramilitares en el 2006, a más tardar, y se están haciendo planes –incluido un período transitorio de inmunidad limitada en cuanto a detenciones, mientras esté en vigor el cese del fuego, y el tiempo cumplido conforme a ese acuerdo se descontará de las posibles penas de cárcel que se les impongan– para reintegrarlos a la vida civil.

Gracias en parte a esa desmovilización, pero principalmente gracias al fortalecimiento del aparato de seguridad y justicia, ha habido una reducción del 50 por ciento en la tasa de homicidios de Colombia y del 70 por ciento en la toma de rehenes, con lo que la tasa de esa de delincuencia grave en Colombia es equivalente a la de un país en paz como el Brasil.

Pero, para reintegrar a los rebeldes a la sociedad, hacen falta puestos de trabajo. Por eso, Colombia se ha centrado intensamente en el fortalecimiento de su economía. El gobierno del presidente Álvaro Uribe se ha comprometido a reducir el déficit del sector público por debajo del 2,5 por ciento del PIB y persigue una recuperación impulsada por las exportaciones, que ha recibido una generalizada aclamación empresarial e internacional. Aunque el desempleo sigue siendo demasiado alto, los colombianos comunes y corrientes están viendo señales reales de cambio y esperanza para al futuro.

Esas nuevas señales de vigor económico han fortalecido la popularidad del presidente Uribe. Después de tres años de reformas audaces, la tasa de aprobación del gobierno es de más del 70 por ciento, cosa que ayuda al presidente Uribe a afrontar a los rebeldes y a negociar con ellos.

Pese a las numerosas críticas de sus propios partidarios, el gobierno de Colombia ha llegado hasta el extremo de no insistir en un desarme o una rendición inmediata, sino que ha ofrecido un cese del fuego y a los rebeldes la posibilidad de reintegrarse a la sociedad civil con la supervisión de observadores internacionales. El poco apoyo público con que contaron las FARC y el ELN está desapareciendo y los dos grupos lo saben. Al combinar una acérrima resistencia militar contra la rebelión con un programa político encaminado a atraer a los rebeldes para que vuelvan a la vida normal, el gobierno de Uribe ha demostrado que se puede reducir a las insurgencias.

Francisco Santos Calderón es vicepresidente de la República de Colombia; Charles Tannock es vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.